Presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur permanecerá nueve meses en prisión preventiva

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Presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur permanecerá nueve meses en prisión preventiva

Fiscal Ricardo Rojas con chaleco de detenido

Ricardo Rojas León es investigado por cohecho pasivo específico y tráfico de influencias.

El Poder Judicial declaró fundado la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva de nueve meses contra el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur, Ricardo Rojas León, quien es investigado por los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias.

Según la investigación fiscal, entre 2012 y 2013, Rojas León –en su condición de fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lurín– habría recibido US$ 5000 del abogado Willington Ojeda Guerra, de forma directa o a través del asistente en función fiscal José Corcuera Bocanegra, para archivar una denuncia seguida contra Ricardo Valderrama Cueva, Racso Miro Quesada Vegas y otros, por la presunta comisión del delito de usurpación.

Asimismo, se le atribuye, en 2013, haber recibido otros US$ 2500 de Ojeda Guerra –a través de Corcuera Bocanegra– para formalizar denuncia contra María Isabel Flores Sales, Rosa Rita Flores Oropeza y Karina Becerra por la presunta comisión del delito de usurpación, en agravio de Racso Miro Quesada Vegas.

En 2012 Ricardo Rojas también habría recibido del abogado Willington Ojeda Guerra S/ 1800 para que –en su condición de Fiscal de Turno– no disponga que un fiscal adjunto provincial se presente ante la Comisaría de Punta Negra, para que asuma las diligencias ordenadas por personal policial como consecuencia de la intervención por conducción en estado de ebriedad y desobediencia a la autoridad pese que se encontraba de turno.

Cabe señalar que el Poder Judicial dictó detención domiciliaria de nueve meses contra el exasistente en función fiscal José Corcuera Bocanegra.

El requerimiento fiscal se formuló ante la existencia de peligro de fuga por parte de los investigados, el cual estaría evidenciado en la falta de arraigo domiciliario y laboral de los coimputados; así como la existencia de peligro obstaculización, establecido en una posible perturbación de la actividad probatoria.

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