Alberto Fujimori: Corte IDH pide al Estado abstenerse de ejecutar la sentencia del TC que restituye indulto al exmandatario

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Alberto Fujimori: Corte IDH pide al Estado abstenerse de ejecutar la sentencia del TC que restituye indulto al exmandatario

Alberto Fujimori y el indulto por el Tribunal Constitucional

El expresidente fue sentenciado a 25 años de prisión.

La Corte IDH señaló que esa solicitud se hace para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) requirió al Estado peruano que, para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional (TC) que dispone la liberación de Alberto Fujimori.

A través de una solicitud enviada al procurador Público Especializado Supranacional, Carlos Miguel Reaño, se precisa que el pleno de la Corte IDH, reunido en su 147° Período Ordinario de Sesiones adoptó una resolución respecto al requirimiento de medidas provisionales en los «casos Barrios Altos y La Cantuta Vs. Perú».

Además, la solicitud del secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra Alessandri, precisa que el texto completo de la resolución será notificado a la brevedad.

Fallo del Tribunal Constitucional

El 17 de marzo, el TC decidió la nulidad de la resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 a Alberto Fujimori, luego de que la votación del recurso de habeas corpus, que solicitó esa medida, quedó empatada en tres votos a favor y tres en contra.

Así, el TC declaró fundado un recurso interpuesto por un abogado del departamento de Ica contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en 1992.

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