Fiscales Sánchez y Castro fueron separadas del caso Los Cuellos Blancos del Puerto

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Fiscales Sánchez y Castro fueron separadas del caso Los Cuellos Blancos del Puerto

Zoraida Ávalos dispuso la remoción de las fiscales tras conocerse que sostuvieron una reunión con Martín Vizcarra cuando todavía era presidente.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso separar a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez de la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, luego de conocerse que ambas sostuvieron en el 2018 una reunión con el entonces presidente Martín Vizcarra.

«Este es un hecho grave y en realidad en resguardo de la persecución eficiente de esta investigación histórica para el país como es Los Cuellos Blancos del Puerto mi despacho ha tomado la decisión de apartarlas a ambas del Equipo Especial, esta decisión se va a materializar posiblemente mañana con la resolución», dijo en RPP.

Cabe recordar que el lunes 21 de febrero, la fiscal Sandra Castro reconoció haberse reunido con Vizcarra, sosteniendo que fue por pedido de Rocío Sánchez.

Rocío Sánchez, por su parte, declaró que no solicitó la invitación, sino que fue invitada por Castro a un domicilio de su amiga, donde estaba el presidente Vizcarra.

Niega vínculos

La fiscal de la Nación aclaró que recién se enteró de la cuestionada reunión entre las fiscales y Vizcarra Cornejo y aseguró que de haberlo sabido antes, lo habría denunciado.

Asimismo descarto tener una relación amical con ambas fiscales o con el expresidente Vizcarra.

El caso de Los Cuellos Blancos del Puerto surgió a partir de una revelación de audios -producto de interceptaciones telefónicas lícitas que tuvieron origen en una investigación previa vinculada al crimen organizado, por delitos como narcotráfico, sicariato- que involucraban a jueces y fiscales.

Luego se advirtió que consejeros del extinto Consejo Nacional Magistratura, un exmagistrado de la Corte Suprema e, incluso, empresarios estaban involucrados en una serie de presuntos actos de corrupción, en especial, con los delitos de tráfico de influencias y otros relacionados.

Esta situación significaría que dentro del sistema de justicia –en especial de las más altas autoridades- habría funcionado un banco de favores guiado por intereses personales en desmedro del interés público.

Un audio de los tantos que el Ministerio Público cuenta en su poder, vincularía al expresidente Martín Vizcarra con operadores de una supuesta mafia judicial.

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